“En junio de 2007, tras dos intentos previos, el Servicio de Registro Civil e Identificación llamó a licitación pública para que una empresa privada proveyera la plataforma tecnológica, las comunicaciones y la información que permiten, entre muchas otras cosas, la administración de la base de datos de todos los chilenos. El contrato involucra montos superiores a los US$ 80 millones e importa un asunto de seguridad nacional: lo que está en juego es la información más esencial de todos los ciudadanos, desde registros de actas de nacimientos, matrimonios, nulidades, defunciones, antecedentes penales y de ADN hasta catastro de vehículos motorizados, de conductores, aprehensiones y posesiones efectivas. Prácticamente el historial completo de los habitantes de este país”.
