ACTOS DE RECUERDO Y CONMEMORACIÓN EN QUILLOTA
El próximo Martes 19 de Enero se conmemoran 37 años del mal llamado caso “Asalto a la Patrulla”, ocurrido en Quillota la madrugada del 18 de Enero de 1974. El más brutal crimen colectivo en la historia de la ciudad, fue perpetrado por efectivos militares de la Escuela de Caballería y el Regimiento de Ingenieros.
El próximo Martes 19 de Enero se conmemoran 37 años del mal llamado caso “Asalto a la Patrulla”, ocurrido en Quillota la madrugada del 18 de Enero de 1974. El más brutal crimen colectivo en la historia de la ciudad, fue perpetrado por efectivos militares de la Escuela de Caballería y el Regimiento de Ingenieros.
Fueron asesinados 9 destacados Dirigentes Sociales y Políticos de Quillota.
Martes 19 de enero - 16:00 horas - Plaza de Armas de Quillota
Víctimas del crimen:
Pablo Gac Espinoza, ex Alcalde de Quillota
Rubén Cabezas Pares, abogado de la Corporación de Reforma Agraria
Levi Arraño Sancho, dirigente agrario
Los tres permanecen en calidad de Detenidos Desaparecidos.
Y los Ejecutados Políticos:
Manuel Hurtado Martínez, funcionario de Tesorería
Julio Loo Prado, dirigente sindical de Ex Said
Víctor Fuenzalida Fuenzalida, ejecutivo de la Corporación de Reforma Agraria
Osvaldo Manzano Cortés, dirigente sindical de Ex Said
Hugo Aranda Bruna, dirigente agrario
Ángel Díaz Castro, dirigente poblacional.
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS:
Martes 19 de enero - 16:00 horas - Plaza de Armas de Quillota
16.30 Hrs. Exposición Gráfica alusiva al tema.
17.00 Hrs. “Pintando el Mañana”, dirigida a niños de 6 años a 12 años.
20.00 Hrs. a 21.30 Hrs. Velatón en memoria de las víctimas.
Se realizarán en Plaza de Armas de Quillota,
costado Monolito Recordatorio,
calles La Concepción con O' Higgins.
Se invita a la comunidad a participar de las actividades anteriormente indicadas, pues han sido diseñadas con el objeto de mantener presente la memoria histórica de esta ciudad, rendir homenaje a los Vecinos que dieron su vida por una sociedad mejor, donde todos los seres humanos tuvieran acceso a los derechos esenciales; salud, educación, vivienda y trabajo, con la convicción de que así se podría avanzar en la construcción de un país más justo, donde todos sus habitantes tuvieran una vida más feliz.
Por este caso se interpusieron querellas en el año 2000, en la Corte de Apelaciones de Santiago, por los delitos de genocidio, homicidios múltiples calificados, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal contra Augusto Pinochet y quienes resulten responsables de estos crímenes.
La justicia determinó que por razones de jurisdicción territorial, el caso quedase radicado en la V Región, es así como la Corte de Apelaciones de Valparaíso designó a la jueza Gabriela Corti para que sustanciara el proceso. Luego de las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos, la jueza dictó procesamientos, pero por haberse manifestado a favor de la prescripción debió abandonar el caso.
La Corte designó al juez Julio Miranda Lillo, quien en el año 2008 dictó sentencias condenatorias simbólicas y de privilegio en contra de los imputados, que no se condicen con la magnitud de los delitos donde concurren una serie de circunstancias agravantes. A saber, los prisioneros estaban rendidos a manos de sus custodios, se habían presentado voluntariamente a las autoridades de facto cuando fueron requeridos, o se les detuvo en sus domicilios o lugares de trabajo sin presentar la más mínima resistencia. Los asesinos procedieron conforme a una planificación previa, que les asegurase actuar sobre seguro en contra de sus víctimas desarmadas, así también eligieron un lugar oscuro y despoblado para asesinar a los detenidos.
La parte querellante apeló de estas resoluciones del juez Miranda Lillo ante el Tribunal de Alzada, que en fallo unánime, emitido el 27 de Agosto de 2009, condenó a siete de años de presidio, sin beneficios, a cinco oficiales en retiro del Ejército, como autores del delito de secuestro con grave daño cometido en contra de nueve prisioneros políticos quillotanos.
En la resolución adoptada la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de segunda instancia, se estableció que Ángel Custodio Torres Rivera, ex Gobernador de Quillota; Sergio Carlos Arredondo González, ex Director de la Escuela de Caballería Blindada; Francisco Javier Pérez Egert, comandante de la patrulla militar; Leonardo Quilodrán Burgos y Daniel Walker Ramos, fueron condenados a siete años de presidio, sin beneficios.
En el fallo se estableció que los ex militares fueron condenados a 10 años y un día de presidio, pero fueron beneficiados por su irreprochable conducta anterior ¿?, no se les aplicó la pena en el grado máximo, por lo que finalmente se impuso una condena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo. En caso de apelación al Fallo de alguna de las partes, la Corte Suprema dictará sentencia definitiva en los próximos meses.
Agrupacion Antonio Llido Mengual
Se invita a la comunidad a participar de las actividades anteriormente indicadas, pues han sido diseñadas con el objeto de mantener presente la memoria histórica de esta ciudad, rendir homenaje a los Vecinos que dieron su vida por una sociedad mejor, donde todos los seres humanos tuvieran acceso a los derechos esenciales; salud, educación, vivienda y trabajo, con la convicción de que así se podría avanzar en la construcción de un país más justo, donde todos sus habitantes tuvieran una vida más feliz.
Por este caso se interpusieron querellas en el año 2000, en la Corte de Apelaciones de Santiago, por los delitos de genocidio, homicidios múltiples calificados, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal contra Augusto Pinochet y quienes resulten responsables de estos crímenes.
La justicia determinó que por razones de jurisdicción territorial, el caso quedase radicado en la V Región, es así como la Corte de Apelaciones de Valparaíso designó a la jueza Gabriela Corti para que sustanciara el proceso. Luego de las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos, la jueza dictó procesamientos, pero por haberse manifestado a favor de la prescripción debió abandonar el caso.
La Corte designó al juez Julio Miranda Lillo, quien en el año 2008 dictó sentencias condenatorias simbólicas y de privilegio en contra de los imputados, que no se condicen con la magnitud de los delitos donde concurren una serie de circunstancias agravantes. A saber, los prisioneros estaban rendidos a manos de sus custodios, se habían presentado voluntariamente a las autoridades de facto cuando fueron requeridos, o se les detuvo en sus domicilios o lugares de trabajo sin presentar la más mínima resistencia. Los asesinos procedieron conforme a una planificación previa, que les asegurase actuar sobre seguro en contra de sus víctimas desarmadas, así también eligieron un lugar oscuro y despoblado para asesinar a los detenidos.
La parte querellante apeló de estas resoluciones del juez Miranda Lillo ante el Tribunal de Alzada, que en fallo unánime, emitido el 27 de Agosto de 2009, condenó a siete de años de presidio, sin beneficios, a cinco oficiales en retiro del Ejército, como autores del delito de secuestro con grave daño cometido en contra de nueve prisioneros políticos quillotanos.
En la resolución adoptada la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de segunda instancia, se estableció que Ángel Custodio Torres Rivera, ex Gobernador de Quillota; Sergio Carlos Arredondo González, ex Director de la Escuela de Caballería Blindada; Francisco Javier Pérez Egert, comandante de la patrulla militar; Leonardo Quilodrán Burgos y Daniel Walker Ramos, fueron condenados a siete años de presidio, sin beneficios.
En el fallo se estableció que los ex militares fueron condenados a 10 años y un día de presidio, pero fueron beneficiados por su irreprochable conducta anterior ¿?, no se les aplicó la pena en el grado máximo, por lo que finalmente se impuso una condena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo. En caso de apelación al Fallo de alguna de las partes, la Corte Suprema dictará sentencia definitiva en los próximos meses.
Agrupacion Antonio Llido Mengual
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